Ciudad de México.- Sara Rocha Medina presentó una iniciativa que reforma el artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incluir la información sociodemográfica por población rural y urbana, en la publicación semestral que ya se hace sobre los casos de violencia contra las mujeres.
Lo anterior, con el fin de integrarla al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, el cual forma parte del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
La iniciativa señala que este Banco Nacional carece de estadísticas sobre población rural y urbana, lo que deriva en muchos de los casos, en una revictimización y falta de mecanismos pertinentes para garantizar justicia, el debido proceso y la reparación del daño.
Agrega que según el sitio oficial de dicho Banco, solo se consideran variables como tipo de violencia, modalidad, victimarios, orígenes de protección o delincuencia organizada, pero faltan aspectos sociodemográficos o por población rural y urbana, hecho que restringe o invisibiliza estos fenómenos en el campo, núcleos agrarios y pequeñas localidades.
“Pese a constituir una herramienta que permite al gobierno federal conocer el perfil de las mujeres víctimas de violencia y las personas agresoras para delinear políticas a nivel federal, estatal y municipal para su eliminación, no está completa, ya que de contar con un perfil de población se tendría un mayor contexto de los agresores y su relación con el aspecto rural”, subraya.
Subraya que al carecer de información precisa, se desconoce la gravedad real del problema e impide la atención por parte de las autoridades correspondientes, pero a la vez, de manera indirecta hace posible que estos acontecimientos se sigan dando junto con otros como la falta de acceso a la titularidad de predios.
La poca participación en los órganos de toma de decisiones comunitarias y la carencia de medios para el ejercicio de derechos básicos como salud reproductiva, vivienda, educación y capacitación para la vida y el trabajo.
En la iniciativa, la legisladora del PRI asegura que mediante el conocimiento de los delitos, su magnitud y origen sociodemográfico se puede acceder efectivamente a su pleno goce y disfrute en el medio rural.
